El Ministerio del Interior del Reino Unido se dispone a ampliar el uso del Reconocimiento facial en directo (LFR, por sus siglas en inglés) para hacer cumplir las normas de inmigración, con operaciones en centros de transporte y determinados eventos públicos, según documentos de política y una evaluación del impacto en la protección de datos publicados en octubre.
El programa propuesto utilizaría cámaras para identificar a personas que, según el departamento, intentan volver a entrar ilegalmente en el Reino Unido, están sujetas a medidas de expulsión o tienen vínculos con delitos relacionados con la inmigración. Los documentos también indican que las listas de vigilancia podrían incluir a personas que hayan permanecido en el país más tiempo del permitido por su visado o hayan entrado sin autorización: asuntos civiles de inmigración, no penales.
El Ministerio del Interior afirma que localizar mediante esta tecnología a personas indocumentadas podría ayudar a resolver sus casos y causar menos molestias que las visitas reiteradas de agentes a sus hogares o lugares de trabajo. Los documentos señalan que el proyecto de LFR ha entrado en su fase formal de ejecución, pero no identifican posibles lugares concretos para futuras operaciones.
El servicio de control de inmigración realizó tres pruebas de LFR en el puerto de Holyhead, en el norte de Gales, entre noviembre del año pasado y febrero. Estas pruebas se centraron en personas que viajaban desde Irlanda y que presuntamente estaban incumpliendo órdenes de deportación o eran buscadas por un delito penal relacionado con la inmigración. El enfoque propuesto ampliaría el posible uso de las cámaras mediante operaciones proactivas en centros de transporte y eventos que se espera que atraigan a grandes multitudes.
Un portavoz del Ministerio del Interior dijo que el departamento estaba considerando realizar más pruebas y estudiando los posibles beneficios, implicaciones y usos futuros de la tecnología. La política establece que no se incluirá en las listas de vigilancia a personas menores de 18 años.
Los planes han suscitado críticas de organizaciones defensoras de las libertades civiles y los derechos de las personas migrantes, que expresaron preocupación por la vigilancia masiva, los posibles sesgos y la escasa transparencia. Los documentos del Ministerio del Interior afirman que el uso del LFR está sujeto a supervisión externa. Sin embargo, William Webster, comisionado de biometría y cámaras de vigilancia, dijo que no se le había consultado y que el uso de la tecnología en materia de inmigración quedaba fuera de su ámbito de competencia. Advirtió que su extensión a distintos servicios públicos plantea dudas sobre el alcance de los mecanismos de supervisión existentes.
Fuentes: The Guardian Technology.