Óscar Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes de España tras el desastre ferroviario de Urda, Toledo, que dejó 69 muertos. Hizo el anuncio el martes, al término de una comparecencia de más de cuatro horas ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde habló del accidente y de las medidas de seguridad previstas por el Gobierno. También confirmó que no se presentará en la lista del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, por «dignidad política».

Puente dijo que había decidido dejar el cargo pocas horas después del accidente, pero que esperó a conocer las primeras conclusiones antes de hacer pública la decisión. Durante la comparecencia, sostuvo que ninguna de sus decisiones u omisiones había contribuido directamente al accidente. Esa afirmación no constituye una conclusión de la investigación en curso. Describió su dimisión como una «medida necesaria y positiva» e instó a la gente a no perder de vista a las personas afectadas.

El anuncio se produjo horas después de que fuentes del Gobierno dijeran que el cargo de Puente no estaba en cuestión y descartaran tanto su dimisión como su destitución por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según EFE. Puente ya había ofrecido dimitir tras el accidente, pero Sánchez le pidió que siguiera en el cargo y afirmó que su salida sería injustificada.

La causa del desastre de Urda sigue bajo investigación. Según la comunicación y el relato presentados por Puente, tras fallar el sistema de control ferroviario LZB, el centro de control de Adif autorizó a un tren AVE a reanudar la marcha normal a las 8:36. El tren no se movió hasta aproximadamente las 8:43. Cinco minutos después, el maquinista de un tren Iryo informó de que seguía detenido. El centro de control recibió el aviso, pero no ordenó detener el AVE. Los trenes colisionaron alrededor de las 8:53.

La salida de Puente deja en manos del Gobierno nombrar a un sucesor y aplicar las medidas de seguridad anunciadas el martes. Entre ellas figuran una revisión de los sistemas de la línea Madrid-Sevilla y la exigencia de dos validaciones de las instrucciones de movimiento cuando fallen los sistemas de protección automática. El Gobierno también ha aprobado 30 millones de euros en ayudas y pagos de indemnización anticipados para las personas afectadas.

Mientras continúa la investigación, el Ministerio de Transportes ha solicitado autorización judicial para reconstruir el tramo de vía dañado. Puente calculó que la línea podría reabrir en un plazo máximo de diez días naturales después de que se conceda ese permiso.

Fuentes: Xataka.