YouTube comenzó a exigir autorización del Tribunal de Menores de Brasil para los videos en los que aparezcan niños y adolescentes. La plataforma notificó el cambio a los creadores a finales de octubre de 2026 y empezó a aplicarlo en noviembre. Los administradores de los canales deben solicitar el documento al tribunal y presentarlo en línea para cumplir el requisito.
Los canales que publiquen contenido en el que aparezcan menores sin la autorización solicitada podrían perder inmediatamente la monetización. Si vuelven a infringir la norma, YouTube podría suspenderlos y eliminar el canal de forma permanente.
El requisito está relacionado con el Estatuto Digital de Niños y Adolescentes de Brasil, conocido como ECA Digital o Lei Felca. La ley se promulgó en septiembre de 2025 y está vigente desde el 17 de marzo de 2026. Establece obligaciones para las empresas tecnológicas que ofrecen servicios a niños y adolescentes en Brasil.
La legislación cobró impulso tras la publicación, en agosto de 2025, de «Adultização», un video del youtuber Felipe Bressanim Pereira que ha recibido más de 52 millones de visualizaciones. El video puso de relieve la sexualización temprana y la explotación de menores en las redes sociales, incluido el caso del influencer Hytalo Santos, quien fue arrestado ese mes.
El ECA Digital exige que las plataformas utilicen métodos seguros y auditables de verificación de edad, en sustitución de los simples botones de autodeclaración. También exige que las cuentas de los menores tengan por defecto los ajustes de privacidad más estrictos y prohíbe el uso de sus datos para la publicidad basada en el comportamiento. La ley restringe la publicidad dirigida a los jóvenes y prohíbe monetizar o promocionar contenido que exponga o sexualice a menores. Las plataformas también deben ofrecer herramientas gratuitas de control parental y reforzar la protección de los datos de niños y adolescentes.
La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) es responsable de hacer cumplir la ley. Según esta, las empresas que no la cumplan pueden recibir advertencias, multas de hasta el 10 % de sus ingresos en Brasil —con un límite de R$50 millones por infracción— o la suspensión de sus operaciones por orden judicial.
Fuentes: Canaltech.