Mientras crece la oposición local a los centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos y Europa, Argentina se presenta como un destino alternativo para las empresas tecnológicas. El presidente Javier Milei ha prometido no regular la IA y propone incentivos fiscales destinados a atraer inversiones a gran escala al país, especialmente a la Patagonia.

En un discurso ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington, Milei dijo que su gobierno dejaría libre a la IA en lugar de imponer regulaciones. Según documentos obtenidos por Associated Press, Milei y miembros de su administración se han reunido recientemente con figuras como el inversor Peter Thiel, así como con representantes de OpenAI, Amazon, Google, Oracle y empresas de centros de datos.

Documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores también muestran que Crusoe, que ayudó a construir el principal campus de OpenAI en Texas, solicitó este año reuniones con funcionarios argentinos del sector energético para hablar sobre inversiones respaldadas por el gobierno estadounidense.

La Patagonia es fundamental para el plan debido a sus espacios abiertos, que permitirían construir instalaciones lejos de las zonas pobladas. La región también ofrece un clima frío que puede contribuir a enfriar los equipos, fuertes vientos para generar electricidad y acceso a Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de esquisto del mundo, que podría abastecer a las centrales eléctricas.

El sector energético argentino, que ya se está expandiendo en medio del aumento de los precios del petróleo vinculado con la guerra en Irán, considera que los centros de datos son una nueva fuente de demanda. Pampa Energía, una de las mayores empresas eléctricas del país, ha anunciado planes para suministrar grandes cantidades de energía generada con gas a un centro de datos cerca de Vaca Muerta y busca desarrolladores.

Para abordar las preocupaciones sobre la inestabilidad económica de Argentina, el gobierno ha propuesto reducir el impuesto sobre la renta empresarial del 25% al 15% para proyectos de al menos 1.000 millones de dólares en IA y otros sectores emergentes. La medida está pendiente de aprobación por parte del Senado. La propuesta no exigiría a las empresas reservar capacidad informática para uso nacional ni revelar su consumo de energía y agua.

Los críticos cuestionan cuánto se beneficiaría la población de estos proyectos, ya que los centros de datos suelen emplear a relativamente pocas personas. Alan Rocha Varsanyi, investigador del Observatorio Petrolero Sur, dijo que las instalaciones no necesariamente fortalecerían la soberanía tecnológica de Argentina, porque su capacidad informática podría exportarse a cualquier lugar donde las empresas la necesiten.

La ausencia de regulación también ha generado preocupación. Nicolás Wolovick, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, advirtió que Argentina podría convertirse en un “laboratorio”. Un alto funcionario del gobierno, que no estaba autorizado a hablar públicamente, reconoció que la postura antirregulatoria dificulta establecer un marco jurídico claro. Las empresas todavía esperan normas que regulen la capacitación de la IA con obras protegidas por derechos de autor y la transferencia de datos personales al extranjero.

Algunos inversores también están esperando las elecciones presidenciales del próximo año, preocupados por la posibilidad de que un futuro gobierno revierta las reformas de Milei.

Fuentes: Pplware.