Hostelería de España ha presentado a los partidos políticos 30 propuestas que quiere que el próximo Gobierno considere durante la próxima legislatura. El documento abarca la fiscalidad, las empresas y los trabajadores autónomos, la gastronomía y el turismo gastronómico, la formación profesional y la sostenibilidad. Entre sus demandas figura la petición de unas condiciones de competencia iguales para todas las empresas que vendan alimentos y bebidas, una cuestión que apunta indirectamente a la creciente presencia de los «mercaurantes» gestionados por cadenas de supermercados.
La organización se describe como la asociación empresarial nacional que representa a más de 300.000 negocios de hostelería. Según las cifras incluidas en su propuesta, el sector emplea a 1,85 millones de personas y aporta el 6,7 % del PIB de España. Entre sus otras prioridades figuran proteger el tipo reducido del IVA del 10 % para la hostelería, crear una Dirección General específica y reducir la carga administrativa para las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos.
En su comunicado público, la asociación pide requisitos fiscales, sanitarios, laborales y de licencias equivalentes para los negocios que desarrollen la misma actividad, independientemente de su formato. El documento enviado a los partidos políticos es más explícito y se refiere a empresas que compiten con las compañías hosteleras sin obligaciones tributarias equivalentes o sin cumplir las normativas sanitarias. También menciona las comidas preparadas servidas en domicilios particulares y otras formas de actividad que la asociación vincula con la economía informal.
Hostelería de España sostiene que los alimentos y bebidas consumidos en espacios abiertos al público, incluidos locales comerciales, clubes y asociaciones, deberían estar sujetos a las mismas normas que se aplican a bares y restaurantes. En su opinión, la situación actual genera un desequilibrio competitivo para los negocios hosteleros tradicionales.
La organización ya había criticado anteriormente la expansión de los servicios de comida basados en supermercados. En mayo, su presidente, José Luis Álvarez Almeida, afirmó que las gasolineras, las tiendas, los hipermercados y los supermercados pretendían operar como bares, y describió esa situación como competencia desleal salvo que todos los negocios estuvieran sujetos a las mismas condiciones legales.
El conflicto también ha llegado a Cataluña. En junio, el Gremi de Restauració de Barcelona anunció una denuncia administrativa contra 30 establecimientos de Mercadona. La asociación argumentó que algunas de sus zonas para clientes incumplían las normas de Barcelona sobre lo que puede hacerse dentro de un supermercado. Señaló espacios equipados con mesas, asientos, servilletas, cubiertos, contenedores para separar residuos y microondas, y afirmó que algunas tiendas ofrecían hasta 30 plazas.
Mercadona afirmó que cumple la ley y describió esas zonas como espacios para que los clientes descansen, no como restaurantes. La controversia refleja el rápido crecimiento de los servicios de supermercado en los que los clientes pueden comprar comida preparada y consumirla dentro de la tienda. Cadenas como Alcampo, Carrefour y Mercadona han desarrollado formatos que combinan platos preparados con zonas para sentarse.
Estos servicios compiten con los establecimientos tradicionales mediante una combinación de variedad, precios bajos y rapidez. Los clientes pueden elegir la comida y consumirla en el local sin esperar a un menú convencional. El crecimiento del modelo también ha atraído atención por el dinero que ya generan las ventas de comida preparada.
La sección «Listo para comer» de Mercadona generó alrededor de 700 millones de euros en 2025, según la información citada en la fuente. La sección comenzó a funcionar en 2018. Si se incluyen otros productos preparados, entre ellos alimentos refrigerados y envasados y cremas, la facturación de la empresa por comida preparada en España y Portugal asciende a 3.000 millones de euros.
Por ello, las organizaciones hosteleras quieren que los supermercados que compiten en el mismo mercado cumplan requisitos laborales, fiscales y sanitarios equivalentes. Su programa de 30 puntos presenta esa demanda ante los partidos mientras se preparan para las elecciones del 29 de noviembre y la formación del próximo Gobierno.
Fuentes: Xataka.