El Proyecto de Ley 3.220/2019, ampliamente conocido como la Ley de Pólos, está a punto de reducir significativamente los gastos de las empresas de telecomunicaciones relacionados con el uso de infraestructura de distribución de energía. Según un análisis del Instituto Brasileño de Telecomunicaciones y Soluciones Digitales (IBTD) sobre el proyecto sustitutivo presentado por el relator Juscelino Filho (PSDB-MA), la legislación podría generar ahorros anuales de alrededor de R$ 800 millones para los operadores.

La nota técnica del IBTD indica que el sector actualmente gasta al menos R$ 2.6 mil millones anualmente en el uso compartido de postes, una cifra basada en un análisis que abarca el 70,2% del mercado. Si bien los proveedores de servicios declaran un precio promedio de R$ 8,40 por punto de fijación, el valor de referencia actualizado utilizado en la encuesta se sitúa en aproximadamente R$ 5,84. La legislación propuesta establece un límite máximo para estos cargos para abordar esta discrepancia.

Un componente crítico de la propuesta es el requisito de que los contratos que excedan el nuevo tope sean ajustados dentro de los 18 meses, independientemente de sus términos originales. Esta disposición garantiza que los operadores no tengan que esperar a que expiren los contratos a largo plazo antes de renegociar las tarifas. Además, el proyecto sustitutivo establece un precio máximo transitorio para los acuerdos de uso compartido firmados, extendidos o renovados después de que la ley entre en vigor, calculado sobre la base de los precios de referencia actuales corregidos por el IPCA hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para fomentar la expansión de infraestructura en áreas con menor cobertura, la ley estipula que el límite por punto de fijación en zonas rurales será la mitad del valor aplicado en las regiones urbanas durante el período de transición. El texto también ordena que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) definan conjuntamente un valor máximo estructural definitivo dentro de los 30 meses posteriores a la publicación de la ley. Si se incumple este plazo, el Poder ejecutivo tendrá seis meses adicionales para establecer el valor después de consultar a ambas agencias.

La Ley de Pólos ya ha sido aprobada por el Senado y actualmente está avanzando en la Cámara de Diputados bajo procedimientos urgentes. El proyecto sustitutivo presentado por Juscelino Filho está listo para una votación plenaria; sin embargo, si los diputados aprueban el texto con enmiendas, deberá regresar al Senado para un mayor análisis. Tras los trámites del Congreso, el proyecto procederá a la sanción o veto presidencial, entrando la ley en vigor 180 días después de su publicación.

Más allá de la reducción de costos, la propuesta busca establecer reglas para regularizar redes instaladas irregularmente y definir las responsabilidades para la gestión de los postes compartidos entre distribuidoras de energía y empresas de telecomunicaciones.

Fuentes: Canaltech.